La ultraderecha avanza en su guerra contra la cultura en su búsqueda de reescribir la historia para que el pasado se cuente como ellos quieren, negando crímenes, abusos, corrupciones y odios, y avalando a genocidas, invasores, capitalistas y fanáticos religiosos. Todo lo que no ha hecho el cine en Latinoamérica y en cualquier lugar que se precie de defender valores como la justicia, la solidaridad y la igualdad, entre otros.
Argentina tuvo un ataque frontal apenas entró Javier Milei, ese presidente embaucador y cínico que fue elegido para manejar el país por cinco años y que hace poco participó como principla protagonista en una estafa a escala mundial con criptomonedas, desmantelando el INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales) y mermando considerablemente la continuidad de proyectos cinematográficos, con la excusa de que ese dinero iría a paliar el hambre de los más pobres, excusa siempre usada por los fascismos para dividir a la gente y crear encono contra la producción cultural.
Las dificultades que atraviesa el cine argentino han recibido la solidaridad del mundo cinematográfico, sin ir muy lejos, el Festival de San Sebastián recibió a una gran cantidad de trabajadores del cine en su última edición, leyeron un pronunciamiento y tomaron una foto como muestra de apoyo. Asimismo, Caimán Cuadernos de Cine, en su N° 189, de junio de 2024, le dedicó un dossier a la situación que empezaban a atravesar.
El cine peruano, por las mismas fechas, también atravesaba una disyuntiva parecida, pero sin el mismo apoyo y visibilidad que recibía el cine argentino, tal vez porque su industria es más pequeña y el interés de los grandes festivales y distribuidoras es menor.
El nuevo gobierno que se impuso en el Perú, luego de una crisis política que dejó un saldo de más de 50 muertos a manos de las Fuerzas Armadas, trajo consigo la consolidación de la ultraderecha en el Parlamento, principal aliada de la presidenta Dina Boluarte, acusada de múltiples actos de corrupción, pero protegida por las fuerzas fujimoristas.
Poco a poco, el Parlamento que se quedó ha ido atacando los avances progresistas y no podían olvidarse del cine. La ultraderecha, disgustada porque las historias que se cuentan denuncian el terrorismo de Estado que se vivió en dictadura o son críticas a los políticos de turno, decidieron aprobar una ley, conocida como Ley Anticine, que censurará ese tipo de contenidos, para ello, ha encargado al Ministerio de Turismo (y no de Cultura) recibir los proyectos audiovisuales a través de una Ventanilla Única y decidir su aprobación. ¿Qué podrá prevalecer en la mirada tecnócrata y economicista de este ministerio que será el nuevo ente decisor de qué se filma o no en el Perú?
Así también, esta ley promovida por la congresista Adriana Tudela, hija del excanciller de Alberto Fujimori, Francisco Tudela, quien participó en el tercer intento de reelegirse del dictador, antes de su caída y huída a Japón, exige que cada proyecto tenga garantizado un 30% de su financiamiento, lo que hace prácticamente imposible la posibilidad de que proyectos independientes, de poblaciones minoritarias o zonas empobrecidas puedan soñar con ver un cine que los refleje.
Por otro lado, la ley también ha eliminado todas las formas de paridad de género y “discriminación” positiva que permitían una mayor participación y selección de proyectos de poblaciones minoritarias, para imponer una igualdad teórica, lo que volverá a convertir a los proyectos de mujeres, LGTBIQ+, afrodescendientes e indígenas en excepciones a la regla, en un país en donde se ha impuesto siempre la mirada hegemónica centralista, clasemediera, maculina, blanca y heterosexual limeña.
Por último, la ley señala que “no podrán beneficiarse de los estímulos económicos, las obras cinematográficas que atenten contra el Estado de derecho o contravenga la defensa nacional, la seguridad y el orden interno o que vulnere los principios reconocidos en la Constitución y el ordenamiento jurídico”, lo que es una forma de censura para las historias que se quieran contar.
Esta ley ha sido rechazada por todo el gremio cinematográfico, el cual no fue consultado para redactarla o implmentarla, pero fue impuesta por insistencia el 3 de abril de 2025, luego de que el Ejecutivo la observara en julio del 2024. Así, el cine peruano se enfrenta una vez más al fantasma de la censura.
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Como dato anecdótico, la pequeña delegación peruana que llegó a la 72° edición del Festival de Cine de San Sebastián se tomó una foto autogestionada y no oficial para mostrar su apoyo a la lucha que se estaba dando en el Perú en esos momentos.
